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Líderes en Landázuri, Santander, denunciaron falta de garantías para denunciar minería ilegal

Diez líderes comunales de Landázuri dijeron no tener garantías para seguir denunciando actos de minería ilegal que se están llevando a cabo en su municipio.
Carlos Buitrago

Desde la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Landázuri se dio a conocer 10 líderes sociales desistieron de seguir denunciando la minería ilegal en su territorio por temor a que atenten contra sus vidas. Desde hace algunos meses, varios de estos líderes han expuesto en repetidas ocasiones que en sus veredas y corregimientos ha aumentado la extracción minera que se hace ilegalmente, por no contar con las licencias ambientales correspondientes.

Jesús Ariza, uno de los que se atrevió a denunciar esta situación, advierte que a pesar de las constantes quejas que ha puesto ante las autoridades, ninguna le presta atención.

“Es una medida de precaución y de cuidado para la familia misma y nuestras fincas. El año pasado hicimos un pliego de peticiones y nadie nos pone cuidado, ni siquiera nos escuchan”, aseguró Ariza.

La principal dificultad que existe en esta región, reconocen las mismas autoridades, es la topografía de las veredas como Borrascoso, Miralindo o Plan de armas, que es donde más yacimientos ilegales de carbón existen. Y esas son apenas tres de las 86 veredas y ocho corregimientos que tiene Landázuri, un municipio con una sola vía de acceso a su casco urbano y complejas vías terciarias hacia sus zonas rurales.

“Aparte es una zona de muy difícil acceso y eso conlleva a que lleguen personas migrantes y de otras regiones de las que no se tiene pleno conocimiento”, explica Carlos Ordóñez, el personero de Landázuri, refiriéndose a la población que mes a mes continúa llegando en busca de algún ingreso a partir de este tipo de economía irregular.

Justamente, allí en Landázuri el pasado 11 de septiembre se cometió una masacre. Cinco personas asesinaron e incineraron a cuatro integrantes de una familia que vivía en el sector de Miralindo. Álvaro Díaz Pineda, docente de la zona y una de las víctimas, al parecer, había contratado hacia un año a estas personas para explotar un yacimiento carbonífero en una finca de su propiedad. Y en medio de su relación comercial, el profesor les había prestado 22 millones de pesos. Cuando quiso cobrarlos, este grupo de cinco personas les quitó la vida a él, su esposa y dos hijos.

Tres líderes sociales de los que renunciaron a su labor eran justamente de este mismo corregimiento donde se cometió la masacre.

Pese a que esta fue una de los detonantes para que las autoridades voltearan a mirar la difícil realidad social que se teje en toda esta zona del Magdalena Medio santandereano, no es la primera vez que se evidencian este tipo de situaciones. A finales del año anterior, la Policía de Santander logró desarticular una banda de siete hombres entre 28 y 63 años para que respondan por los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales, y por tráfico, fabricación y porte de armas de fuego en el municipio de Landázuri. Aunque no tenían licencia para hacer este tipo de actividad, sí tenían a su disposición volquetas y retroexcavadoras con las cuales sacaban carbón y lo comercializaban con documentación falsa a diferentes partes del país, explicaba la Policía en su momento.

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