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Condenan al Estado por la ejecución extrajudicial de seis personas en el Urabá antioqueño

El Tribunal Administrativo de Antioquia determinó que las fuerzas del Estado dispararon en más de 3.000 ocasiones y lanzaron más de 30 granadas contra las víctimas.
Falsos positivos: condenan al Estado por caso en el Urabá antioqueño
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Foto: Pixabay.
Daniel Santa

El Tribunal Administrativo de Antioquia condenó al Estado a pagar una millonaria suma de dinero por la ejecución extrajudicial, por parte del Ejército Nacional, de seis habitantes de la vereda La Cristalina del corregimiento San José, del municipio de Apartadó (Antioquia), en hechos acaecidos en diciembre de 2005.

Según la sentencia condenatoria en segunda instancia, las víctimas se encontraban departiendo en una fiesta patrocinada por un cómplice del Ejército que se encargó de embriagarlas y, posteriormente, permitir que fueran emboscadas por uniformados del batallón Voltígeros de la Decimoséptima brigada del Ejército, con sede en Carepa. Una vez asesinadas, el Ejército reportó a las víctimas como guerrilleros dados de baja en combate.

“En las horas de la madrugada irrumpió el Ejército y abatió a tiros, fumigó, emboscó, asesinó o ejecutó extrajudicialmente a seis personas que se encontraban durmiendo en una casa de ese corregimiento”, explicó Javier Villegas, abogado de las víctimas.

El Tribunal Administrativo de Antioquia determinó que las fuerzas del Estado dispararon en más de 3.000 ocasiones y lanzaron más de 30 granadas contra las víctimas, entre las cuales se encontraba una mujer en estado de embarazo. Solo una de las personas asesinadas presentaba restos de pólvora en sus manos.

“La justificación del hecho también fue alimentada cuando el Ejército uniformó a estas personas, y también las armó con fusiles, para que pudieran aparecer como guerrilleros dados de baja”, agregó Villegas.

El cómplice que estuvo vinculado con el crimen recibió, previo acuerdo con el Ejército Nacional, 4 millones de pesos de recompensa por cada una de las personas asesinadas. Con todo, el Estado tiene seis meses para asumir públicamente la responsabilidad del caso.

Las víctimas responden a los nombres de Uberlina del Socorro Delgado Bermúdez, John Darío Graciano Osorno, Blanca Nubia Jiménez Quintero, Jorge Eliécer Jiménez Tabares, Jhoneifer Andrés Giraldo Hernández y Elisenia Vargas González.

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