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Corte pide Plan Provisional de Acción para la protección de la niñez wayuu

Una vez más el alto tribunal ordenó al Gobierno que se protejan los derechos a la alimentación, la salud y al agua potable de la niñez wayuu.
Indígenas wayuu en Colombia: Corte pide proteger derechos de niñez
Judicial
Foto: Colprensa.
María Camila Idrobo

La Corte Constitucional ordenó que en dos meses se implemente un Plan Provisional de Acción que garantice la protección de la niñez wayuu en los municipios de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, en el departamento de La Guajira.

Una vez más el alto tribunal ordenó al Gobierno que se protejan los derechos a la alimentación, la salud y al agua potable de la niñez wayuu, contando con el Plan Provisional de Acción que deberá garantizar el acceso, disponibilidad y calidad de estos derechos.

El Gobierno “deberá determinar los lineamientos, el cronograma y los mecanismos de verificación para la construcción de dicho Plan y tendrá que determinar cuáles serán las fuentes de financiamiento” y la situación de cada niño, niña y adolescente de esta región del país.

“Se debe garantizar la existencia de un diálogo genuino con las autoridades legítimas del pueblo wayuu; las medidas concretas que se implementarán con ocasión de este Plan no podrán ir en detrimento de los programas que actualmente se están implementando y las medidas concretas a implementar no se pueden proyectar inicialmente por un tiempo mayor a un año”, precisó la corporación.

Aunque la Corte reconoce que se han tomado medidas para proteger a los menores de edad, a la fecha también evidenciaron que “persisten serias dificultades en la implementación de la política pública que llevan a catalogarla como insuficiente e inefectiva al incumplir los tiempos establecidos en la sentencia y no mostrar avances sustanciales en torno a las condiciones de acceso, disponibilidad y calidad en relación con los derechos protegidos”.

“La Corte dispuso que la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación acompañen de manera activa la construcción e implementación del Plan Provisional de Acción y exhortó a la Contraloría General de la República para que, en el marco de sus competencias, audite los procesos de contratación que se adelanten. Además, se informará de esta decisión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, concluyó la Corte Constitucional.

Así las cosas, el proyecto deberá ser conocido por la Corte para su aprobación y posterior puesta en marcha.

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