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Imputan a seis guardias del Impec por ingresar objetos prohibidos a La Modelo

La Fiscalía determinó que los elementos que eran ingresados al penal eran guardados por los civiles que habitaban a los alrededores.
Imputan a guardias del Impec por ingresar licor a La Modelo
Judicial
Foto: Colprensa
Colprensa

La Fiscalía imputó ante el juez 30 de Control de Garantías de Bogotá a seis dragoneantes del Impec por presuntamente hacer parte de una organización que ingresaba elementos prohibidos a la cárcel la Modelo de Bogotá.

Los dragoneantes señalados son: Mauricio Salcedo, Luis Fernando Bustos, Yonatan Sánchez, César Augusto Moreno, Julio Oviedo y Álvaro Castro.

Durante esta diligencia judicial la Fiscalía también imputó a varios civiles que vivían cerca a la cárcel la Modelo, quienes se encargaban de guardar los elementos prohibidos que eran ingresados al penal. Ninguno de los imputados aceptó los cargos.

Funcionamiento

De acuerdo con la imputación de la Fiscalía, personas privadas de la libertad, que en este caso eran conocidas como ‘plumas’, lograban, con la presunta complicidad de algunos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), obtener celulares, tarjetas simcard, cargadores, manos libres, sustancias estupefacientes, bebidas embriagantes, dinero en efectivo y otros elementos que era ingresados para su comercialización interna, lo cual les representaba altas sumas de dinero mensuales.

La investigación determinó que los teléfonos que eran ingresados al penal no solo servían para realizar llamadas personales, sino para estafar y extorsionar a ciudadanos del común.

“Es cierto que estos teléfonos que ingresan allá de manera ilícita son para hacerle daño a la sociedad y la mayoría de llamadas extorsivas o estafas salen de los centros de reclusión, porque como lo dice una fuente es el negocio más rentable que hay dentro del centro de reclusión”, dijo la Fiscalía durante la imputación.

Adicionalmente la Fiscalía determinó que los elementos que eran ingresados al penal eran guardados por los civiles en viviendas o locales comerciales ubicados en inmediaciones del centro carcelario.

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