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Implicados en caso de Centros Poblados fueron llamados a juicio

Los implicados fueron llamados formalmente a juicio para responder por el delito de falsedad en documento privado, entre otros.
Emilio Tapia
Judicial
Foto: Colprensa
Colprensa

En un documento de 44 páginas la Fiscalía presentó el escrito de acusación en contra de Emilio Tapia, Luis Fernando Duque, representante de la Unión Temporal Centros Poblados, y Juan José Laverde, integrante de Rave Agencia de Seguros, por el escándalo de MinTic en el que se adelantaron 70 mil millones de pesos como parte del contrato para llevar internet a zonas apartadas del país.

Con esta decisión, Tapia, Duque y Laverde quedaron formalmente llamados a juicio, para responder por los delitos de falsedad en documento privado, por la garantía que presentaron del Banco Itaú, y fraude procesal, por las garantías de cumplimiento y acta de inicio del contrato.

De acuerdo con la Fiscalía fueron falsificadas tres pólizas: la de buen y adecuado manejo del anticipo, la que respaldaba el cumplimiento general del contrato y una sobre el pago de los salarios para cumplir con el requisito de la contratación.

Bajo esta línea la, Fiscalía aseguró que Emilio Tapia fue quien presentó a Juan Carlos Bayona, socio de Novotic, los nombres de ICM ingenieros y las demás empresas que ahora conforman Centros Poblados, por lo que ‘en la sombra’ habría sido Tapia quien orquestó todo para la adjudicación.

Frente a Laverde, la Fiscalía indicó que fue quien hizo el contacto para conseguir la oferta falsa y luego se la envió al representante legal de la UT para que la entregara al Ministerio.

Por último y con relación a Luis Fernando Duque, la Fiscalía dijo que como representante legal de la Unión Temporal y responsable para suscribir los actos contractuales, fue el encargado de gestionar con Juan José Laverde y Emilio Tapia el trámite de prescripción de esas tres garantías de cumplimiento, firmó las garantías falsas y las hizo llegar al MinTic.

La acusación dice además que los detenidos indujeron a un error a los servidores públicos encargados de hacer la revisión de la adjudicación.

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