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Procuraduría pidió condenar a la excongresista Aída Merlano

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia que se condene a la excongresista Aída Merlano.
Procuraduría pidió condenar a la excongresista Aída Merlano
Judicial
Foto: Colprensa.
Colprensa

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Suprema de Justicia que se condene a la excongresista Aída Merlano Rebolledo, por violar los topes o límites de gastos en su campaña al Senado para el periodo 2018-2022.

La entidad de control señaló que en el desarrollo de la investigación se logró determinar que la campaña de Merlano Rebolledo recibió más de 8.300 millones de pesos, por lo que superó el tope fijado por el Consejo Nacional Electoral, que para su caso era de 884 millones.

El Ministerio Público sostuvo que esta conducta vulneró la transparencia electoral e indicó que se probó su culpabilidad, por lo que merece ser condenada. Por último, solicitó que se inicien los trámites para el traslado de la procesada de Venezuela a Colombia.  

“Afectó gravemente el bien jurídico tutelado de la participación democrática, puesto que desbalanceó injustificadamente la contienda electoral, haciendo que tanto aspirantes como electores vieran ante sus ojos el desmantelamiento de los principios de igualdad, participación, pluralismo y transparencia en tal indigno espectáculo”, indicó el Ministerio Público.

Por su parte, el abogado defensor de Merlano pidió que se absolviera a la procesada, puesto que, en su criterio, ya fue condenada por los mismos hechos, por lo tanto, se está violando el principio de ‘non bis in dem’, y con esto se viola la seguridad jurídica.

Además, resaltó que ya se profirió sentencia condenatoria contra Merlano el 12 de septiembre de 2019, por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.  

Finalmente, indicó que existen dudas respecto de la conducta de la acusada, por lo tanto, no se puede emitir un fallo condenatorio, pues eso violaría su derecho a la presunción de inocencia.

El delito de violación a los topes o límites de gasto en las campañas electorales contempla una pena de cuatro a ocho años.

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