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Colombia y Venezuela: el reencuentro después de tiempos turbulentos

El análisis de este artículo se sustenta en la entrevista a Víctor Mijares –politólogo venezolano, docente e investigador en la Universidad de los Andes– en ‘El Mundo es un Pañuelo’ de la Radio Nacional de Colombia.
Agenda de relaciones entre Colombia y Venezuela 2022
Política
Foto: Colprensa
Carlos Chica

Al asumir Gustavo Petro la Presidencia de Colombia ha comenzado el restablecimiento gradual de las relaciones con Venezuela, que entraron en crisis en 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos y fueron turbulentas durante la administración del presidente Iván Duque.

Con la juramentación de Armando Benedetti como embajador en Caracas se cerró en lado colombiano la fase de alistamiento para la reapertura de relaciones, tarea que Nicolás Maduro ha confiado al diplomático Félix Plascencia, quien acredita experiencia como embajador (Rusia y China) y ministro de Relaciones Exteriores.

En Caracas y Bogotá, el liderazgo de la tarea está a cargo del canciller Carlos Faría y de su par colombiano, Álvaro Leyva Durán, quienes se reunieron en el fronterizo estado del Táchira, al día siguiente de la posesión de Petro.

Con el encuentro de los ministros de Relaciones Exteriores en territorio venezolano, se abrió la puerta a la interlocución con Nicolás Maduro, como jefe de Estado, despojando al líder opositor Juan Guaidó del estatus de presidente legítimo que Estados Unidos y Colombia, entre otros, le otorgaron en 2019.


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Los antecedentes

La relación binacional comenzó a agriarse en 2015 porque el gobierno de Venezuela consintió la expulsión de miles de colombianos residentes por décadas en su territorio.

La agresión a la población colombiana ocurrió no obstante que la diplomacia de Maduro prestaba sus buenos oficios en el proceso de negociación del Acuerdo de Paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc-Ep). Ser garante del Acuerdo le daba reconocimiento regional y capacidad para negociar otras agendas.

En 2017, después de la firma del Acuerdo de Paz, Juan Manuel Santos se vio obligado a tomar distancia de Maduro porque el Tribunal Supremo de Justicia, cooptado por el Ejecutivo– disolvió la Asamblea Legislativa, en la que la oposición era mayoría, por primera vez, en dieciocho años de revolución bolivariana.

La usurpación a la Asamblea Legislativa comenzó en 2016 apelando al estado de excepción y a decretos de emergencia, sin contar con la aprobación del legislativo. Se acusó a la Asamblea de desacato al Tribunal Electoral y declaró nulo todo lo actuado por ella.

El quebrantamiento del orden constitucional se acentuó con la elección de una Asamblea Constituyente controlada por el gobierno, en medio de la represión policial a la protesta ciudadana y la persecución judicial a líderes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y medios de comunicación.

En 2018 hubo comicios mediante las cuales Maduro fue reelegido. Los resultados fueron cuestionados internacionalmente, salvo por sus aliados como Cuba, Nicaragua, Rusia, China e Irán. Se cuestionó por la forma en que fueron convocados por las pocas o nulas garantías a la oposición y por las condiciones en las que se desarrolló la jornada electoral.

En ese contexto surgió la alianza entre Estados Unidos, el Grupo de Lima (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú) y la Organización de Estados Americanos, con el liderazgo muy activo de su secretario General, Luis Almagro. También echó raíces la estrategia diplomática para aislar a Venezuela de sus socios en Unasur.

Cuando Iván Duque entró en escena denunció a Maduro ante la Corte Penal Internacional y se sumó con entusiasmo al cerco diplomático aupado por tres gobernantes alineados con Donald Trump: Jair Bolsonaro (Brasil), Mauricio Macri (Argentina) y Sebastián Piñera (Chile).

Al cerco diplomático se sumaron sanciones económicas, embargos a las exportaciones y bienes petroleros en el exterior y requerimientos judiciales en Estados Unidos a altos dignatarios del Ejecutivo y a mandos de las Fuerzas Armadas.

 

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Diagnóstico equivocado

La presión judicial a las Fuerzas Armadas apostaba a liberarles de responsabilidades penales por corrupción y violaciones a los derechos humanos a cambio de su participación en un posible golpe militar. Donald Trump les decía abiertamente a los militares venezolanos que, si hacían lo que debía hacerse, sus delitos serían perdonados y ellos no serían perseguidos.

Trump y sus aliados contra Venezuela copiaron la idea generalizada de que en los siglos XIX y XX las fuerzas armadas fueron gestoras, garantes y conductoras de la sociedad venezolana. Una idea con fundamento porque hay evidencia de medio siglo de dominio militar sobre la sociedad venezolana.

El supuesto de la estrategia ignoró o desestimó las transformaciones del chavismo, de su núcleo ideológico, sus creencias y sus prácticas revolucionarias que han mutado por la presión internacional, los cambios demográficos asociados a la diáspora de seis millones de personas y el quebrantamiento de las tres cuartas partes del aparato productivo, en cinco años.

El chavismo siguió siendo revolucionario pero pragmático en algunos aspectos. Les dio amplia participación a los militares en el Gabinete y en cargos de sectores importantes como el petrolero o el minero. Es un tipo de control civil sobre el poder militar, parecido al de China o Cuba.

Ello explica que Vladimir Padrino haya batido el récord de permanencia en el cargo de un ministro de Defensa y se haya generado una relación especial con el núcleo del poder. Padrino López interviene en las decisiones, pero no ejerce control sobre el poder civil.

El chavismo ha consolidado un eficiente servicio de inteligencia y contrainteligencia militar que permite neutralizar a los militares. Es diciente que los informes sobre violaciones a los derechos humanos documenten más presos militares que civiles. Es fruto del aprendizaje del furtivo y fracasado golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002.

El cambio de escenario

Nadie imaginaba a comienzos de 2022 que Joe Biden se acercaría con pragmatismo a Maduro pensando en las reservas petroleras de Venezuela, sin dejar de reconocer a Guaidó como presidente legítimo.

En México, Argentina, Chile, Bolivia y Honduras gobiernan líderes de izquierda (Andrés Manuel López, Alberto Fernández, Gabriel Boric, Luis Arce y Xiomara Castro). En Brasil las encuestas anticipan el regreso de Lula. Biden ya flexibilizó algunas de las sanciones impuestas por Trump a Cuba.

Estados Unidos se acerca a Petro

Estados Unidos mantiene contactos de alto nivel con el gobierno de Petro porque ha tomado nota de sus objetivos: revisar el Tratado de Libre Comercio, replantear la fracasada política antidrogas, transformar la doctrina y el rol de las fuerzas armadas, cambiar reglas de juego en la extradición y activar estrategias conjuntas frente a la transición energética, la crisis climática, la seguridad y soberanía alimentaria, la preservación de ecosistemas estratégicos como la Amazonia, la lucha contra la corrupción y la erradicación del hambre.

La guerra mundial contra las drogas es hoy más compleja porque no hay solo cocaína. Ha habido mutaciones importantes en los patrones de consumo de narcóticos, especialmente de drogas sintéticas como la metanfetamina, cuyo crecimiento podría desplazar el foco de hoy sobre Bolivia, Perú y Colombia.


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Nuevas cartas y escenarios

Para Estados Unidos también cuentan los planes de Petro con Venezuela en la medida en que se altera la correlación de fuerzas y el escenario: reconocer a Maduro, normalizar las relaciones diplomáticas y los servicios consulares, abrir las fronteras, gestionar con Caracas el flujo de migrantes, reconstruir el lánguido comercio binacional y consolidar la cooperación militar en la frontera común, asediada por bandas de crimen transnacional, disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (Eln)

Venezuela tiene una carta a su favor; su papel con Cuba en las negociaciones para un acuerdo de paz con Eln, suspendidas por el gobierno de Iván Duque, después del brutal atentado terrorista contra la Escuela de Policía General Santander en Bogotá.

Razones para el optimismo

En el contexto latinoamericano Colombia es enorme territorialmente, tiene una de las principales economías y geográficamente está en el centro del hemisferio. Es el único social global de la OTAN y, por tanto, tiene mayor responsabilidad en materia de seguridad hemisférica.

La Armada Colombiana es clave en la relación con los países del Caribe agobiados por el narcotráfico, el comercio ilegal de armas, la trata de personas y las crisis sociales, económicas y políticas en Haití y Cuba que expulsan a miles de personas hacia Estados Unidos, desde la frontera colombo panameña.

Caracas y Bogotá pueden desarrollar una alianza económica por la vía energética: petróleo, gas e interconexión eléctrica. En el caso del petróleo, Colombia tendrá que mover todas sus piezas con la embajada en Washington y hacer gala del mejor cabildeo en favor de suavizar o desmontar las sanciones a la industria petrolera, que es un objetivo permanente en el Palacio de Miraflores.

Y, sin duda sería un gana-gana el salvamento de la empresa Monómeros Colombo Venezolanos. La producción de fertilizantes a gran escala es esencial para el desarrollo rural integral al que aspira Petro, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Paz.

Encuentra aquí la entrevista completa con  Víctor Mijares, politólogo venezolano, docente e investigador en la Universidad de los Andes. 

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