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¿Por qué las comisiones de la verdad en el mundo han sido vitales para el posconflicto?

El periodista Thierry Cruvellier reflexionó sobre la importancia de las comisiones y la justicia transicional en los procesos de paz alrededor del mundo y resaltó el proceso que se ha llevado en Colombia.
Comisiones de la verdad en el mundo: Colombia, un caso atípico
Paz
Diana Leal

La Comisión de la Verdad anunció que el próximo 28 de junio entregará al país el informe final. Se trata de un consolidado en el que quedarán visibles los relatos de las víctimas y los responsables que, desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016, voluntariamente aportaron con su testimonio, dando así un paso más para la reparación y no repetición, y ofreciendo una explicación amplia de la complejidad del conflicto armado.

En el marco del foro ‘el periodismo frente a la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad’, el periodista internacional, Thierry Cruvellier, quien además es experto en crímenes de guerra y ha asistido a diferentes tribunales internacionales de la era posterior a la guerra fría, afirma que “no ha habido una región en el mundo que haya escapado a tener una Comisión de la Verdad. Diría que uno de los factores más importantes, es lo flexible que esta herramienta puede ser, cada país puede moldear y reinventar el concepto de modo que se ajuste a su contexto y propósito”, aseguró en su participación en el marco del foro.

Las comisiones en el mundo

En la historia reciente del mundo se han conformado 51 comisiones de la verdad, especialmente en Latinoamérica y África, aunque también han existido en Europa y Asia. Cada caso es particular, pero en general han tenido un valor significativo para aquellos países que atraviesan periodos de postconflicto, ya que se enfrentan a contextos adversos para contribuir dentro de los procesos de transición.

Por ejemplo, la Comisión de Verdad, Reconciliación y Reparación de Gambia, en África, desde el 5 de octubre de 2018 empezó a examinar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen del expresidente Yahya Jammeh, quien duró 22 años en el poder.

“En Gambia fue un evento extraordinario, en el cual durante tres años se ha seguido el tema en la televisión y los medios, donde se han transmitido las audiencias en las que los criminales del régimen se han visto obligados a testificar, y con esto se han conocido revelaciones impresionantes”, cuenta Cruvellier.

A pesar de que los gambianos se cuestionaron varias veces si el hacer las sesiones públicas sería suficiente para reparar los daños que causó la dictadura, se continuó con las audiencias durante tres años, de esta manera los once miembros de la comisión examinaron lo sucedido del régimen y entregaron un informe final que contiene una serie de recomendaciones para el nuevo gobierno, e incluso se señala a 25 responsables que no merecen amnistía dado el peso de su responsabilidad.

Cruvellier explica que uno de los retos más grandes de las comisiones es tener que lidiar con los intereses y la presión política, más aún si el conflicto sigue vigente. “Los comisionados de Gambia entregaron las recomendaciones, pero depende de la voluntad del gobierno el perseguir o no el camino a una justicia transicional. Aún así, debido a la polarización, pareciera que el mayor grupo de presión es la población civil que exige constantemente que se implementen las recomendaciones de la comisión”, analiza.

Un caso similar al de Gambia fue el experimentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica, que tuvo como principal objetivo esclarecer la segregación racial, más conocida como el apartheid, perpetuada por el régimen y los movimientos de liberación durante 1960 y 1994. Las audiencias contaron con amplio cumplimiento mediático y más de 21 mil víctimas participaron, pero la mayor crítica a este proceso fue la amnistía a los victimarios.

Sin embargo, Cruvellier resalta que en Sierra Leona, la comisión que funcionó con el Acuerdo de Lomé, entre 2002 y 2003, recolectó más de 7.700 testimonios de víctimas y victimarios, pero que “aunque las fuerzas militares y las guerrillas estaban abiertas a contribuir al proceso de reconciliación y verdad, los políticos no querían”, comenta. Aun así, un año después, en pro de supervisar el cumplimiento de las recomendaciones se creó la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La Comisión de la Verdad en Colombia

Cruvellier reconoce que el caso de Colombia tiene la particularidad de ser un proceso que transita por una paz negociada, “por los crímenes cometidos se trata de un panorama más complejo y esto trae responsabilidades diferentes, pero esta situación de conflicto ocurre en una democracia, lo cual es poco familiar”, analiza.

Asimismo, opina desde su experiencia que Colombia ha hecho un buen trabajo escuchando a las víctimas y a otros actores del conflicto. “Las voces de las víctimas definen la agenda y el tono de las comisiones, pero para que salga la verdad los criminales también tiene que testificar, y es allí donde se empieza a mover la línea de las responsabilidades dentro de los procesos”.

Aconseja, además, que no se deje de lado el informe final y sus recomendaciones, “el momento clave de las comisiones que han sido exitosas es el reporte final y más si este se implementa. Las comisiones entregan su informe, pero los gobiernos tienen sus prioridades, la gente está cansada y la falta de implementación de las recomendaciones, aunque esto no sea una obligación, termina siendo una falla sistémica en el concepto de las comisiones de la verdad”.

El periodista constata que es importante que las recomendaciones se diseñen para ser utilizadas en el largo plazo y no que queden solo en el papel, sobre todo porque la conversación de las comisiones en el mundo está cambiando y por esto “nunca habíamos oído que reparar a las víctimas fuera tan importante, normalmente se dejaba de lado, pero ahora es un desenlace necesario”, agrega.

“El caso Colombiano es complejo, porque ustedes parecen estar inmersos  por distintas formas de violencia que hacen parte de su conversación, los crímenes ambientales, la violación de los derechos de las comunidades indígenas, de las minorías, las reformas agrarias, son todas situaciones que no hacen parte de una guerra para cometerse, no tienen la misma intensión criminal (…) sin embargo, para mí su situación es interesante, ustedes resisten y han sido creativos en el diseño de su proceso y aspiran demasiado a la perfección que no siempre se logra, así que no se depriman si no lo alcanzan por completo las metas del plan”, concluye.

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