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¿Qué opinan las víctimas sobre las penas propuestas para exjefes de las Farc?

A esta decisión, que puede ser catalogada como la más importante hasta ahora, llegó la JEP tras considerar que los exmiembros del exsecretariado aceptaron su responsabilidad.
Judicial
Foto: Colprensa.
Colprensa

Entre cinco y ocho años de sanciones propias, es decir, aquellas que son restaurativas y no implican cárcel, fueron recomendadas por la Sala de Reconocimiento de la JEP, como sanción final para siete exmiembros del exsecretariado de las Farc en la Resolución de Conclusiones del caso 01, es decir, el que tiene que ver con el secuestro.

Esta decisión acoge a los miembros del último secretariado de la antigua guerrilla de las Farc: Rodrigo Londoño, conocido con el alias de ‘Timochenko’; Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape y Julián Gallo, a quienes la Sala recomendó una sanción de ocho años por sus crímenes.

También incluye a Rodrigo Granda, sobre quien la Sala consideró que no tuvo unidades bajo su mando, por lo que recomendó una sanción de cinco años.

A esta decisión, que puede ser catalogada como la más importante hasta ahora, llegó la JEP tras considerar que los exmiembros del exsecretariado aceptaron su responsabilidad sobre más de 21.000 de estos hechos cometidos por las Farc, en los crímenes de guerra de toma de rehenes, crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad, entre otros.

¿Qué sigue?

El siguiente paso en este proceso es la imposición de las sanciones propias por parte del Tribunal para la Paz, que son impuestas a quienes reconocen su responsabilidad en los hechos más graves cometidos durante el conflicto armado y para lo cual tendrá un término legal de seis meses.

Estas sanciones hacen parte de los tres tipos que puede imponer la justicia transicional, ya que los otros dos son penas alternativas y ordinarias.

“Las sanciones propias traen como consecuencia la realización de trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador, e implican un componente de restricción efectiva de libertades y derechos, tales como la libertad de residencia y movimiento”, explica la JEP.

¿Cuáles serían las sanciones?

En la resolución emitida este viernes, la Sala aprobó cuatro proyectos restaurativos-reparadores presentados por los comparecientes, los cuales recibieron observaciones de las víctimas y la Procuraduría General.

Estos proyectos corresponden a trabajos de desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, restauración ambiental del páramo de Sumapaz, y actividades transversales de dignificación de la memoria de las víctimas. ¿De qué se tratan?

Acción Integral Contra Minas

La Sala determinó que este proyecto cumple con los requisitos de sanción propia, debido a que implica una “limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra”.

La Sala ya había recibido cinco propuestas en las que las víctimas consideraron el desminado como una actividad que podría plantearse como sanción a los comparecientes.

Búsqueda de personas dadas por desaparecidas

Los comparecientes plantean acciones permanentes encaminadas a la búsqueda de personas desaparecidas, con actividades como la reconstrucción de zonas campamentarias, que permitan identificar polígonos de búsqueda, así como acciones de carácter simbólico, que lo diferencian del aporte que deben hacer ante la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD).

Los exintegrantes del antiguo secretariado de las Farc-EP proponen hacer una cartografía nacional y regional sobre sitios de posible enterramiento, que consiste en recorrer con excombatientes las zonas de los antiguos bloques.

Suma-Paz: Reconocimiento del medio ambiente como víctima

La Sala determinó que este proyecto puede ser considerado como una sanción propia, debido a su alto contenido reparador con programas de protección medio ambiental, que van en coherencia con los fines del Acuerdo de Paz.

La Sala explicó que el proyecto corresponde a las solicitudes hechas por las víctimas de la realización de obras en beneficio de las comunidades afectadas por el conflicto.

Componente transversal de memoria y reparación simbólica

Los comparecientes propusieron la realización de un libro y un audiolibro construido directamente con las víctimas y sus familiares, en el que relaten el antes, durante y después de los secuestros, con la implementación del enfoque de género.

Además, propusieron hacer ‘Pedagogía de la memoria transformativa’, dictando cursos sobre el conflicto armado y los daños ocasionados. También quieren hacer un monumento con nombres de personas secuestradas durante los periodos priorizados por la Sala de Reconocimiento.

Sin embargo, es importante aclarar que estos proyectos son sólo propuestas de sanción. “Hay una propuesta, pero quien va a definir realmente cuál es la sanción y si las acoge o no, o si las varia es el Tribunal para la Paz”, explica Óscar Ramírez, director de litigio de la Comisión Colombiana de Juristas.

¿Qué opinan las víctimas? 

Como era de esperarse, esta resolución de conclusiones tiene posiciones encontradas. Alan Jara, exgobernador del Meta y quien estuvo en cautiverio entre 2001 y 2009, considera que, con base en lo pactado en el Acuerdo de Paz, estas sanciones fueron bien aplicadas.

“Estas sanciones se enmarcan en los acuerdos y corresponden a lo acordado, yo creo que los tres aspectos que se mencionan son muy importantes, que haya acciones reparadoras, que el tema del perdón este incluido y quede un registro”, explica el exgobernador.

Jara resalta la importancia de que los exmiembros del Secretariado ayuden con la búsqueda de los desaparecidos.

“Creo que lo que están planteado tendría todo el sentido reparador para que vuelva la tranquilidad a las familias que no han encontrado a sus seres queridos. Yo conocí en cautiverio a Hernando Peña, de la toma de Mitú. A él lo sacaron del campamento donde yo estaba, y no se volvió a saber nada de él. Conozco a la familia y desde luego anhela uno que lo puedan encontrar”.

Contrario piensa el general retirado Luis Herlindo Mendieta, secuestrado en la Toma de Mitú el 1 de noviembre de 1998. “Tardaron cinco años prácticamente en algo, que desde mi punto de vista se haría en ocho días, porque se sabía cuál era la responsabilidad de los integrantes de las Farc para proceder a condenarlos y ahora pasa al Tribunal, que quién sabe cuánto tardará. Considero que es una justicia muy lenta donde no se hace justicia, porque se habla de una verdad y esa es la verdad que no han dicho las Farc”.

El general Mendieta explica que no hay justicia ni reparación, ni mucho menos no repetición. “Hasta el momento no hay ninguna verdad, solo hubo un reconocimiento de ellos, que participaron en algunos hechos, pero toda esa verdad amplia que se necesita, pues hasta el momento no la han mencionado y siempre han sido evasivos”.

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